Un cambio de esta magnitud siempre resulta generador de oportunidades y de amenazas potenciales. El saldo neto final depende en gran parte de la actuación de los gobiernos, las empresas y los ciudadanos de cada país. A cada nivel es preciso diseñar y poner en práctica estrategias encaminadas a extraer el máximo provecho de las oportunidades, intentando minimizar las posibles consecuencias adversas.

En el caso de España, las consecuencias adversas podrían consistir, en primer lugar, en una disminución de las ayudas comunitarias derivadas de las políticas de desarrollo regional y fondos de cohesión y, en segundo lugar, a medio plazo posiblemente disminuyan ciertas ayudas derivadas de la política agrícola común, cada vez más criticada. 

Es previsible que los nuevos países miembros atraigan importantes flujos de inversión directa, y que las empresas españolas se vean sometidas a mayores presiones competitivas por parte de los productos fabricados en los nuevos países miembros, ya sea por empresas locales o por empresas multinacionales que instalen allí sus unidades fabriles. De entrada, los costes salariales unitarios existentes en los nuevos países miembros de la UE son sustancialmente más reducidos que los vigentes en Europa Occidental. Esta ventaja puede verse parcialmente compensada por los niveles más bajos de productividad generalmente existentes en dichos países. El director general de una empresa española me comentaba recientemente que tras implantar una unidad productiva en la República Checa, habían tardado cinco años en lograr que los niveles de productividad fueran similares a los que tenían en España.

¿Qué consecuencias puede tener esta quinta ampliación de la Unión Europea para América Latina?

En primer lugar posiblemente constituye una lección sobre la viabilidad de los procesos de integración social, política y económica, hechos con rigor, constancia y seriedad. La primera declaración de Robert Schuman se produjo el 9 de mayo de 1950; la Unión Europea está donde está tras más de 50 años de trabajo tenaz y constante.

En segundo lugar, la UE se convierte en un interlocutor aún más importante para América Latina. Y no sólo por su importancia económica, sino también por el espíritu que frecuentemente impregna las políticas y decisiones comunitarias. Este “distinto enfoque relacional” aparece con fuerza al constatar que la UE ofrece a los diez nuevos socios una total paridad como miembros. 

Los nuevos incorporados pasan a ser miembros de pleno derecho. Y no se les ofrece un simple tratado de libre comercio, sino la equiparación de sus realidades socioeconómicas a las vigentes en el resto de la Unión. Los famosos 31 capítulos negociados durante el proceso de adhesión no incluyen solamente el libre movimiento de bienes, servicios, personas y capitales, sino también la mejora de la educación, la agricultura, las infraestructuras, la justicia, la ecología y el medio ambiente, los derechos humanos, etc. Y todo ello contando con importantes transferencias de fondos comunitarios en apoyo a dichos procesos de transformación social y económica.

En tercer lugar, nada parece indicar que vaya a disminuir el compromiso de las empresas españolas en América Latina. Pero sí cabe pensar que, tras un largo período de fuertes inversiones al otro lado del Atlántico, algunas empresas españolas decidan ahora dar cierto grado de prioridad, o por lo menos equiparar sus volúmenes de inversión en los países del Este de Europa, con los hechos en América Latina.

Finalmente, al igual que hemos comentado respecto a las empresas españolas, las empresas de América Latina, en particular las que estén ya más avanzadas en sus procesos de internacionalización, tienen la oportunidad de revisar sus estrategias empresariales y comerciales para decidir hasta qué punto deben adaptarlas a una nueva Europa de 25, que pronto podría llegar a ser una Europa de 28 ó 29 miembros, por la previsible incorporación de Rumania, Bulgaria, Croacia (y algún otro país de los Balcanes Occidentales), y Turquía.